Redacción central.

El actuar represivo del Gobierno de Nicaragua sube de tono durante el contexto electoral a través de la persecución judicial y detenciones arbitrarias contra candidatos presidenciales y líderes opositores, denuncian defensores de derechos humanos durante el evento virtual “Persecución judicial y violaciones de derechos humanos en el contexto electoral”.

“El propósito del régimen siempre ha sido el mismo, perpetuarse en el poder eliminando todo lo que signifique obstáculo, todo lo que significa riesgo para ellos”, afirmó Vilma Nuñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). A su juicio “más que nuevas formas de represión, hay un incremento notable y gravísimo de la represión dictatorial”

“La realidad que vive Nicaragua, que es una realidad de un Estado policíaco, de un ambiente de represión permanente, de un régimen político autoritario opresivo, que afecta de manera muy grave a los derechos humanos de toda su población”,

 apuntó Paulo Abrao, experto en derechos humanos y ex-Secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Nuñez de Escorcia calificó que la nueva ofensiva de Daniel Ortega y Rosario Murillo desatada este año electoral responde a la fase “exterminio”. “Definieron desde un inicio una estrategia que responde al mensaje de la primera frase conocida “vamos con todo y contra todos”. Si hay que ponerle un nombre a esa estrategia, yo le llamaría EXTERMINIO”.

En este contexto, el economista y abogado Enrique Sáenz adelantó que “la presente ola represiva ya no tiene una lógica electoral. Ortega resolvió sustituir la farsa electoral por un expediente administrativo en el que el Consejo Supremo Electoral consignará que participó un número récord de votantes y que Ortega obtuvo un número récord de votantes”.

Para Sáenz “la lógica de la presente ola represiva es imponer cuáles son las condiciones a partir noviembre de 2021 y eso se puede resumir en una sola frase: Ortega está transitando de una dictadura a un regimen caracterizado como “terrorismo de Estado”.

La defensora de Derechos Humanos Haydee Castillo recordó que, “en menos de seis meses el régimen aprobó una decena de leyes y reforma represivas que terminaron de enterrar el Estado de derecho que ya venía vulnerado desde este pacto (Ortega-Alemán 1999) y luego con la llegada de él al poder (2007)”.

Señaló que “el impacto de todo este andamiaje de reformas y de abusos a la legislación nicaragüense”, tiene repercusión en diferentes áreas de la sociedad nicaragüenses, entre ellas la política, movimientos sociales y políticos, entre otros.

“El día de hoy tenemos como la aplicación de este marco jurídico (más de) 21 opositores secuestrados. Seis aspirantes presidenciales, dos ex vice cancilleres, dos históricos guerrilleros sandinistas disidentes, uno de ellos que permitió con una acción liberar a Daniel Ortega durante la dictadura de Somoza de la cárcel;

tiene secuestrada a una ex primera dama, a un dirigente empresarial banquero, un ex diputado, a cuatro dirigentes mujeres opositoras, un periodista, dos ex trabajadores de una ong, un conductor, y esto sumado ya a casi 140 presos políticos que claman por libertades y que están viviendo en condiciones totalmente infrahumanas asistiendo a la violación de todos sus derechos humanos”, dijo Castillo.

Julio Martínez, vocero del observatorio ciudadano Urnas Abiertas enfatizó que “se está usando el sistema penal del enemigo, en donde se persigue a ‘enemigos’ sin un sistema penal garantista” que impide la realización de un proceso electoral transparente y legítimo.

Asimismo, señaló que esta nueva fase de represión posee principalmente 4 características: el desvío de poder de la función judicial; la colusión entre el Sistema de Justicia Penal y el Poder Ejecutivo; la magnitud relevante de la persecución y los fines extrajudiciales que persigue.

Este escenario de persecución judicial y violaciones de derechos humanos en el contexto electoral es propicio para instar a la comunidad internacional a actuar en contra del Gobierno de Nicaragua. “Todos los ángulos internacionales deben considerar todas las medidas a disposición para intentar cambiar esa realidad y para proteger los derechos humanos en Nicaragua”, declaró Paulo Abrao.

Abrao señaló que los organismos de Derechos Humanos internacionales han actuado y continúan trabajando por Nicaragua, no obstante “falta de parte de los órganos políticos de la comunidad internacional una exposición política efectiva y reconocer esa realidad, enfrentar de manera directa y confrontar a esta realidad sin tergiversaciones, sabiendo y apuntando muy claramente que uno de los factores más relevantes de la crisis en el país se vincula con este estado policíaco que prevalece en Nicaragua”.

El experto en derechos humanos apuntó que en Nicaragua “no hay Estado de derecho, no hay independencia judicial, no hay respeto a los derechos humanos y no hay democracia en el país. Sino partimos de este consenso, de estas premisas que están denunciadas, documentadas, ampliamente visibilizadas para toda la comunidad internacional, estamos frente a un grave riesgo de desmoralización de los organismos de espacios multilaterales para responder a las situaciones más críticas que una sociedad y un país puede vivir”.

“No es por falta de informes, comunicados, cartas, llamados públicos de la sociedad civil que se puede justificar la incapacidad de responder a la altura de la gravedad de los hechos que vive el país y, en ese sentido me parece muy claro que algunas acciones sí adoptar y son fundamentales para que se pueda recuperar el papel de la comunidad internacional en esta materia”, enfatizó.

Para el ex Secretario Ejecutivo de la CIDH es fundamental “activar todos los instrumentos más fuertes y posibles que estén a disposición de la comunidad internacional” pues no considera esto “cierre los canales de diálogos formales, al contrario, empuja a las autoridades gubernamentales a tener que precaverse, tomar precauciones y cambiar esa realidad”.

Ramón Muñoz, de la Red Internacional de Derechos Humanos, finalizó el evento llamando a la comunidad internacional a apoyar económicamente a la sociedad civil y no al gobierno de Nicaragua. “Nuestro llamado a instituciones con capacidad de financiación, incrementen su apoyo a las organizaciones de Nicaragua, ellas son las importantes, son las que están sufriendo las consecuencias de esta represión”. 

“Tenemos que detener esta degradación de las instituciones, tenemos que impedir que esto siga causando una contaminación, que esto siga siendo un mal ejemplo para otros Estados”, finalizó.

El evento fue organizado por la Red Internacional de Derechos Humanos, observatorio ciudadano Urnas Abiertas y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) en el marco de la 47ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y tras la actualización oral de la Alta Comisionada sobre Nicaragua.

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